

Un tribunal en Santiago ha decidido imponer 18 meses de prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán. Ambos están acusados de formar parte de una presunta red que habría defraudado tanto al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer como al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Este fraude no solo afecta a las instituciones, sino que también perjudica a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, consideró que el caso es complejo. Además, dictó arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta e imputada en el mismo proceso.
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), anunció que el tribunal ha aceptado en su totalidad la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público. Ortiz expresó su compromiso, afirmando: “Seguiremos investigando, habrán más imputados” al concluir la audiencia.
Durante la sesión, Ortiz estuvo acompañada por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, así como por la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, y otros fiscales. La magistrada afirmó que las pruebas presentadas por el órgano acusador son suficientemente contundentes para establecer una clara conexión entre los imputados y los hechos investigados.
En relación al arresto domiciliario otorgado a Vargas Sánchez, Ortiz aclaró que no existen acuerdos de colaboración con los imputados. Este cambio en las medidas se debe a una evaluación judicial del riesgo de fuga.
Lora Cruceta y Guzmán cumplirán su prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, ubicados en Santiago.
De acuerdo con las investigaciones, la estructura delictiva habría orquestado un extenso esquema de corrupción. Este incluía fraude clínico y farmacéutico, que consistía en alterar indicaciones médicas, utilizar sellos médicos falsos, realizar doble facturación al SeNaSa y proporcionar medicamentos de forma incompleta a los pacientes.
El expediente señala que los acusados también se habrían involucrado en actividades como la venta de medicamentos donados, contrabando con el uso de exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas. Otros delitos incluyen el uso indebido de instalaciones del oncológico para cirugías estéticas, así como el lavado de activos.
Según el Ministerio Público, la red sobornaba a distribuidoras de medicamentos y utilizaba la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida para desviar recursos del Patronato. Esto permitía facturar al SeNaSa por medicamentos y servicios que en realidad no se proporcionaron a los pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Por último, la investigación revela que los imputados se autoasignaron salarios, viáticos y beneficios económicos que no corresponden a la naturaleza de una entidad sin fines de lucro dedicada a la atención de pacientes con cáncer.
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