Decisión sobre medida de coerción en el caso Onco14 se anunciará el lunes

Foto: PGR

El Ministerio Público ha anunciado que este próximo lunes, la jueza encargada del caso tomará una decisión crucial en relación a la solicitud de medida de coerción contra tres personas involucradas en una presunta red de corrupción. Se investiga si esta red se benefició de maniobras fraudulentas a expensas del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, afectando así al Instituto Oncológico Regional del Cibao y, por ende, a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El órgano acusador mantiene su petición de un período de 18 meses de prisión preventiva para Héctor Antonio Lora Cruceta, quien fue presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán. En el caso de la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, se solicita en cambio un arresto domiciliario.

La audiencia fue liderada por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto con Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y Quirsa Abreu, fiscal de Santiago. También participaron los abogados Joanna García y Elvin Ventura.

La jueza Stephanie Santiago Reyes de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ha presidido ya tres jornadas para tratar la solicitud de las medidas de coerción. Aparte de estas, el Ministerio Público ha solicitado que el caso se declare complejo, dado el volumen y la gravedad de los hechos investigados, así como las severas penas que podrían infligirse.

Según el órgano acusador, la investigación abarca presuntos delitos como fraude clínico y farmacéutico, incluyendo el uso de sellos médicos falsos, cambalache de recetas, doble facturación al SeNaSa y venta de medicamentos donados. También se les atribuye la práctica de cirugías estéticas dentro del centro oncológico, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.

Además, se sostiene que la estructura de corrupción pudo haber sobornado a distribuidoras de medicamentos y utilizado la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida para desviar fondos. Supuestamente, cobraron a SeNaSa por servicios y medicamentos que, en realidad, no se proporcionaron a los pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao. Los imputados también se habrían autoasignado salarios, viáticos y otros beneficios improcedentes.

La audiencia ha sido reprogramada para el próximo lunes 29 de junio a las 7:30 de la noche, cuando se espera que la magistrada emita su resolución.

La Operación Onco14 fue implementada por la Dirección General de Persecución, Pepca y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de la Policía Nacional. En los allanamientos, se incautaron dinero en efectivo, documentos, vehículos, un arma de fuego y equipos tecnológicos, entre otras pruebas.

Los imputados enfrentan graves cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, lo que representa un impacto significativo en el Estado dominicano.

Decisión Judicial sobre el Caso de Corrupción en el Sector Salud

• Se espera una decisión judicial el lunes sobre medidas de coerción.
• Se piden 18 meses de prisión preventiva para dos imputados.
• El Ministerio Público declara el caso como complejo.
• Cargos incluyen fraude, soborno y lavado de activos.