Abogado de víctimas de Indisarq urge a evaluar costos de audiencias aplazadas.

El abogado de las víctimas del caso Nido o Indisarq, Ricardo Alcántara Méndez, hizo un llamado al Sistema Nacional de Defensa Pública para que evalúe el impacto económico de los aplazamientos de audiencias y los traslados de internos. Alcántara argumenta que estas decisiones no solo generan un gasto significativo para el Estado, sino que también afectan el desarrollo oportuno de los procesos judiciales.

El jurista enfatizó que, antes de decidir aplazar una audiencia o trasladar a un interno, las autoridades deberían considerar los costos asociados con estas medidas. Esto es crucial para fortalecer la planificación de los procesos judiciales y evitar retrasos innecesarios.

Alcántara subrayó que una organización más eficiente contribuiría a optimizar los recursos públicos y a asegurar una administración de justicia más efectiva para todas las partes implicadas.

Los imputados en el caso Nido o Indisarq enfrentan graves cargos que incluyen estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, esto en presunta violación de los artículos 59, 60, 147, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.

Dentro del grupo de coimputados se encuentran Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, así como las empresas Indisarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, entre otros.

La investigación revela que la red delictiva utilizaba las empresas Indisarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL como instrumentos para ejecutar fraudes, ofreciendo propiedades inexistentes en la supuesta realización de proyectos inmobiliarios.

Este caso cobró relevancia pública tras un reportaje realizado por N Investiga, bajo la dirección de Nuria Piera.

Evaluación de los Aplazamientos en el Sistema Judicial

• Ricardo Alcántara Méndez pide revisar el impacto económico de los aplazamientos.
• Los aplazamientos afectan el desarrollo de los procesos judiciales.
• Los imputados enfrenten varios cargos graves como estafa y lavado de activos.
• Las empresas involucradas ofrecieron propiedades inexistentes en proyectos fraudulentos.