Nueva Ley de Residuos Sólidos: ¿Qué Impacta Realmente?

Santo Domingo, RD.- La reciente aprobación de la Ley 98-25, que modifica la 225-20, establece un nuevo marco regulatorio en la República Dominicana, introduciendo una economía circular que busca reducir significativamente la gestión inadecuada de desechos.

Con esta nueva legislación, la gestión de residuos sólidos en el país entra en una fase transformadora. Se plantean cambios clave en el sistema de pago para personas jurídicas y entidades, además de una prohibición de importación de productos de foam y otros plásticos.

Según los considerando, esta reforma tiene como propósito fundamental fortalecer la protección ambiental, disminuir la contaminación provocada por plásticos de un solo uso y establecer nuevas responsabilidades para empresas, productores, comercios y gobiernos locales.

Sistema Integral de Gestión

Uno de los cambios más destacados es la eliminación del aporte fijo de veinte pesos por habitante, que anteriormente se utilizaba para financiar la gestión de residuos en los ayuntamientos.

En su lugar, el artículo 36 menciona una contribución especial obligatoria que se basará en los ingresos de cada persona jurídica, con la finalidad de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición de residuos y desarrollar un sistema integral de gestión.

Los legisladores justificaron esta modificación al considerar que el mecanismo previo representaba una carga económica adicional para los ciudadanos y no se ajustaba a los principios de equidad y capacidad contributiva.

Además, la nueva legislación endurece las restricciones sobre los productos fabricados con poliestireno expandido (foam).

Regulación de Plásticos y Otros Materiales

Con la entrada en vigor de la ley, queda prohibida la importación de plásticos como sorbetes, tenedores, cuchillos, cucharas y vasos de poliestireno, a menos que cuenten con certificación de biodegradabilidad de acuerdo a los estándares establecidos.

Además, la normativa establece que, en un plazo de 12 meses, no se podrá comercializar productos plásticos mencionados que no demuestren su capacidad de biodegradación.

Esta medida está diseñada para reducir la cantidad de residuos plásticos que terminan en vertederos, ríos, playas y ecosistemas marinos.

Otro aspecto relevante es la regulación de las fundas plásticas de un solo uso; los comercios tendrán un año para dejar de entregarlas gratuitamente. Esto fomentará el uso de alternativas reutilizables y promoverá hábitos de consumo más sostenibles entre la población.

Manejo de Desechos en Vertederos

La ley también indica que, en un periodo de 12 meses, los fabricantes de fundas y botellas plásticas deben integrarse en programas diseñados para recuperar, tratar y disponer de manera segura los residuos de sus productos una vez que estos finalicen su vida útil.

En términos municipales, los ayuntamientos contarán con un plazo de 36 meses para implementar programas de separación en la fuente y recolección selectiva de residuos de manera progresiva.

Estas provisiones tienen como objetivo mejorar el reciclaje, reducir el volumen de desechos enviados a los vertederos y aumentar la recuperación de materiales aprovechables.

No obstante, la legislación incluye excepciones por la ausencia de sustitutos viables en ciertos sectores.

Se permitirá la importación y uso de plásticos en envases médicos y de laboratorio, así como ciertos plásticos empleados en proyectos viales y de construcción, reconocidos como imprescindibles para la seguridad y funcionalidad de dichas actividades.

En términos de biodegradabilidad, el artículo 154 establece que los plásticos vendidos en el país deben mostrar una degradación mínima del 20% durante el primer año o del 90% en un máximo de cinco años.

Para verificar el cumplimiento de estas disposiciones, la ley ordena realizar auditorías anuales a fabricantes e importadores. Las infracciones graves podrían resultar en sanciones, inhabilitaciones y confiscaciones temporales de equipos.

Contribuciones Establecidas por la Ley de Residuos Sólidos

Finalmente, la ley indica que toda persona jurídica, entidades gubernamentales y patrimonios autónomos que reporten sus ingresos anualmente a la Dirección General de Impuestos Internos, deberán hacer una contribución especial obligatoria, calculada en función de sus ingresos, para crear un fondo que mitigue los efectos derivados de la disposición de residuos.

Las aportaciones se realizarán de acuerdo con los ingresos del ejercicio fiscal correspondiente.

Por ejemplo: una persona jurídica con ingresos de hasta 5 millones de pesos aportará 3,500 pesos; con ingresos de entre 5 millones uno y 10 millones, aportarán 6,000 pesos; y así escalonadamente hasta alcanzar contribuciones de 90,000 pesos para aquellas con ingresos de 25 millones uno hasta 50 millones de pesos.

Reforma Sostenible: Nueva Ley de Gestión de Residuos en RD

• Se establece una economía circular para reducir desechos mal gestionados.
• Prohibición de importación de productos no biodegradables en un plazo definido.
• Contribuciones monetarias en base a ingresos para financiar la gestión de residuos.
• Responsabilidades nuevas para empresas y gobiernos locales en la protección del medio ambiente.