
El reciente debate sobre la salud institucional y política en el país ha cobrado protagonismo tras las afirmaciones de Rafael Paz, presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. En una declaración contundente, Paz criticó los recientes cambios en el gabinete del presidente Luis Abinader, describiéndolos como una respuesta defensiva ante el evidente deterioro económico, político e institucional que ha caracterizado el cierre del año 2025.
Paz subraya que la oleada de designaciones en el gabinete no representa el inicio de un nuevo ciclo de transformación del Estado, sino más bien un intento tardío de recobrar el control político. Este tipo de maniobras ha sido señalado en momentos críticos, y el dirigente opositor cuestiona la lógica detrás de estos cambios, planteando: “Si estos cambios eran necesarios, la pregunta es por qué no se hicieron antes”. Este cuestionamiento es crucial, ya que subraya la importancia de la proactividad en el gobierno frente a la crisis, en lugar de una mera reacción.
El año 2025 ha estado marcado por múltiples crisis que han puesto en evidencia las falencias en la gestión gubernamental. Entre ellas se incluyen fallas persistentes en el sistema eléctrico, crisis recurrentes en el sector salud, problemas operativos en el Metro de Santo Domingo, debilidades en el sistema 911, y bajos resultados en la producción agropecuaria. Todas estas cuestiones agravan la percepción de un estado de agotamiento en la capacidad operativa del Gobierno, lo que ha llevado a la población a perder la confianza en sus instituciones.
El clima de desconfianza se ha visto intensificado por escándalos recientes, como el relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), así como la extradición de miembros del partido oficialista por presuntos vínculos con el narcotráfico. Estas situaciones no solo erosionan la legitimidad del Gobierno, sino que también socavan la confianza de los ciudadanos en su capacidad para gobernar eficientemente. Paz destaca que “la legitimidad también se erosiona cuando los escándalos se acumulan y las explicaciones dejan de ser convincentes”, lo cual invita a reflexionar sobre la relación entre institucionalidad y gobernabilidad.
Otro punto importante de su declaración es la desaceleración económica que ha obligado al gobierno a congelar la reforma fiscal. Esta decisión es un reflejo del desgaste político y la falta de consenso social, lo que evidencia una disminución en la capacidad de liderazgo del Ejecutivo. La crítica a las simples rotaciones administrativas sin abordar problemas estructurales del Estado sugiere que el enfoque del Gobierno podría ser insuficiente para enfrentar los desafíos que tiene por delante.
“Cambiar funcionarios sin cambiar el método es una forma de gatopardismo: mover las piezas para que todo siga igual”, argumenta Paz. Esta observación es válida en contextos donde las transformaciones necesarias son bloqueadas por intereses arraigados y falta de visión.
Finalmente, concluye que la magnitud y el momento de los cambios anunciados por el gobierno transmiten más bien una sensación de urgencia política que de verdadera renovación. “Veinte cambios no comunican transformación. Comunican apuro. Y cuando la urgencia sustituye a la planificación, suele ser señal de agotamiento”, sentencia.
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